Los órganos no podrán extraerse del donante por equipos que participen en el cuidado del paciente en la última etapa de la vida, para evitar conflictos de intereses.
Los órganos pueden extraerse si el pronóstico vital es terminal, aunque el paciente no haya fallecido.
Los órganos solo pueden extraerse de donantes legal y éticamente fallecidos, y el acto de extracción no debe causar la muerte del donante.
Solo aplica a donación en asistolia y no a donación en muerte encefálica.
Como representante del paciente, defendiendo su autonomía y bienestar.
Apoyando la decisión de la familia, al considerar que el paciente, debido a su deterioro cognitivo, no tiene capacidad para comprender su situación clínica ni el tratamiento indicado.
Imponiendo un tratamiento al paciente por considerar que lo necesita sin tener en cuenta su capacidad de decisión.
El procedimiento a realizar se desarrolle en un corto espacio de tiempo.
El paciente presente alteración de la conciencia y no existen familiares o representantes disponibles, requiriendo actuación inmediata para evitar un daño grave.
El paciente delega su decisión en el profesional sanitario que lo atiende.
El procedimiento de enfermería implica riesgos moderados.
Concentrar la capacitación únicamente en los aspectos técnicos y asistenciales (ej. manejo de múltiples víctimas), delegando el soporte emocional a personal externo especializado.
Proveer programas de entrenamiento que incluyan la gestión emocional, el autocuidado planificado, la promoción de la comunicación abierta y la facilitación de sesiones de debriefing o apoyo mutuo entre compañeros.
Ignorar la posibilidad de burnout y estrés postraumático, confiando en la experiencia individual del profesional y desaconsejando el diálogo sobre las experiencias traumáticas.
Establecer un sistema de turnos de trabajo prolongados para asegurar la continuidad asistencial, minimizando los tiempos de descanso y las pausas para la alimentación y el descanso.
La investigación en el campo sanitario implica la protección de datos especialmente sensibles y de carácter personal, pudiendo ser estos empleados en la investigación con finalidad diferente para la que han sido recogidos, sin la necesidad de consentimiento por parte de la persona afectada, siempre que la especial trascendencia de la investigación lo justifique.
Los datos clínicos sensibles y de carácter personal utilizados en investigación pueden ser utilizados sin el consentimiento de la persona, siempre que se mantenga el deber de confidencialidad de los mismos y haya sido consensuado por los investigadores principales.
El principio de autonomía decisoria de la persona sujeta a investigación, vertebra toda investigación biomédica salvo en los casos en que la persona renuncie a ello o la investigación tenga un nivel de trascendencia que la justifique.
La investigación en salud debe proteger el principio de autonomía decisoria de la persona, prevaleciendo en todo el proceso su salud, bienestar y seguridad por encima del interés de la sociedad o de la ciencia.
La responsabilidad enfermera del mantenimiento de la confidencialidad en todo el proceso de relación asistencial vence una vez que se produzca una desvinculación directa en el proceso asistencial y/o fallecimiento.
El deber de confidencialidad y secreto profesional obliga sólo a los profesionales sanitarios que tienen relación asistencial con el paciente, quedando excluidos aquellos profesionales que tengan una relación burocrática o administrativa.
El titular de la información en materia de salud es el paciente. También pueden ser informados familiares o representantes legales mediante el consentimiento previo de la persona titular, ya sea de forma expresa o tácita.
El personal sanitario con funciones de inspección, evaluación y acreditación puede acceder a las historias clínicas previo consentimiento de los pacientes. 2 de 26
La AET implica una limitación del tratamiento y de los cuidados del paciente con el objetivo de acortar el proceso de la muerte, pudiéndose aplicar medidas extraordinarias de tratamiento en el caso de decisión del equipo de profesionales sanitarios responsable.
Los ítems de calidad en el proceso de AET pasan por la toma de decisiones centradas en el paciente y su familia, la continuidad de los cuidados y el soporte emocional necesario.
La AET determina una implicación de todo el equipo asistencial, paciente, familiares y representantes legales en cuya decisión final consensuada, primará la decisión de los profesionales sanitarios en un contexto de respeto al principio bioético de Beneficencia.
La AET debe comenzar desde el punto de vista legal y de la ética asistencial en los últimos momentos de vida de la persona, cuando ésta entra en el proceso de agonía.
La petición de ayuda para morir es un derecho que actualmente contempla la ley y debe respetarse siempre que el paciente haya realizado previamente un Documento de Instrucciones Previas, Testamento Vital o Voluntades Anticipadas.
La prestación de ayuda para morir está basada en la decisión de los profesionales sanitarios directamente implicados en el proceso, basándose en los principios bioéticos de No Maleficencia y Justicia.
En el contexto de prestación de ayuda para morir priman los deseos legítimos de la persona solicitante, expresados en un contexto de libertad de decisión y de respeto a la dignidad de la persona y su autonomía.
La prestación de ayuda para morir se asienta en la actuación de los profesionales sanitarios que, de una forma consensuada con la persona solicitante, producen la muerte de la misma de manera indirecta, no siendo necesaria en todos los casos una relación causa-efecto.
El principio de Beneficencia es el principio bioético rector de todo acto asistencial de Enfermería.
Los principios de Beneficencia y Justicia priman en el desarrollo de la práctica clínica sobre el principio de Autonomía del paciente.
El principio de No Maleficencia primará en todo acto asistencial de Enfermería cuando entre en conflicto con el principio bioético de Beneficencia.
El principio de Autonomía decisoria prima en el desarrollo de la investigación biomédica siempre que no entre en conflicto con el principio de Beneficencia.
Proporcionar una herramienta de análisis centrada en la satisfacción del paciente, sin incorporar datos de otras áreas asistenciales.
Facilitar una toma de decisiones eficiente mediante la integración de indicadores clave, aprovechando sistemas de información avanzados, tecnologías de la información y herramientas de IA para optimizar la calidad asistencial, la eficiencia operativa y la gestión de recursos.
Desarrollar un sistema de evaluación financiera del personal de enfermería basado en algoritmos de IA que predicen costos operativos futuros.
Generar informes estáticos y retrospectivos que cumplan con las regulaciones, sin utilizar las capacidades dinámicas de los sistemas de información modernos ni de la IA.
Consiste en realizar ejercicios de contracción de la musculatura perineal, aunque el hombre no identifique o localice la musculatura pélvica en su cuerpo.
Una de las finalidades es mejorar la calidad de las relaciones sexuales y reforzar el soporte visceral.
Las contracciones se mantendrán durante al menos 10 segundos, para después ir reduciendo el tiempo de contracción hasta 2 o 3 segundos por serie de ejercicios.
La posición inicial para comenzar la rehabilitación del suelo pélvico no es relevante, aunque se recomienda empezar en bipedestación para sentir mejor la musculatura.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y sus normas de desarrollo.
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud.
En el caso que el paciente haya realizado un Documento de Instrucciones Previas, Testamento Vital o Voluntades Anticipadas, lo indicado en dicho documento debe primar en todo acto derivado de la relación asistencial salvo en los casos en los cuáles se proporcionen tratamientos y alternativas terapéuticas que alarguen la vida de los pacientes.
Los cuidados al final de la vida adecúan las acciones y tratamientos al objetivo principal de aliviar el sufrimiento del paciente y conseguir la máxima confortabilidad respetando sus derechos legítimos; representando el máximo exponente del principio bioético de autonomía decisoria.
La persona que se encuentra en el proceso de final de la vida tiene derecho a recibir información clínica de forma comprensible, adecuada y en términos comprensibles y, dada la trascendencia de dicha información, no existe en éste caso la posibilidad de rechazo a la información por parte del
La persona que se encuentre en el proceso final de la vida tiene en todo momento el derecho a recibir información adecuada a sus deseos, comprensión del lenguaje y adaptada a su situación actual. Su deseo de rechazo a la retirada de un tratamiento sólo se podrá realizar según la ley si coincide con el criterio clínico. (--ENFERMERÍA-0--6/36)
Los cuidados paliativos se encuentran protegidos y contemplados en todo el proceso asistencial siendo restringida su realización en el caso de petición oficial por parte del paciente de la eutanasia.
La prestación de ayuda para morir no entra dentro de la cartera de prestaciones del sistema nacional de salud salvo en los casos en que el paciente esté recibiendo cuidados paliativos.
La autonomía decisoria de la persona debe de ser respetada en todo momento, salvo en los casos que tal decisión contravenga las recomendaciones y criterios clínicos del personal sanitario.
La información al paciente sobre su situación en materia de salud es una obligación por parte del personal sanitario y un derecho de cada paciente salvo en el caso que el paciente rechace que se le informe. Pagina: 5 de 34
Los PROM se miden mediante la Encuesta PaRIS (“Patient-Reported Indicator Surveys”) y los PREM mediante la Encuesta BeRLIn (“Best Reports Leading Indicators).
Los PROM son cuestionarios que recogen los resultados informados por los pacientes y los PREM cuestionarios que recogen las experiencias informadas por los pacientes.
El objetivo de los PROM es conocer el estado de salud objetivo de los pacientes y el de los PREM conocer su estado subjetivo de salud.
Los PREM permiten establecer comparaciones entre el estado de salud de los pacientes, mientras que los PROM permiten conocer la satisfacción del
Tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a seis meses, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud.
Disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico y las diferentes alternativas y posibilidades de actuación de terapias curativas, comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia.
Haber formulado una solicitud de manera voluntaria y por escrito y sufrir una enfermedad incurable, certificada por el médico responsable.
Prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir. Dicho consentimiento se incorporará a la historia clínica del paciente.
Define como básicos en investigación biomédica los principios de beneficencia, justicia y utilidad en la práctica sanitaria y en investigación biomédica.
Establece el respeto a la autonomía de la persona y la capacidad de decisión de no participar en una investigación una vez explicados los riesgos y beneficios de la misma, salvo en los casos de pacientes incapacitados o menores de edad.
El grado de protección en investigación de las personas vulnerables dependerá de la probabilidad de obtener beneficio y de la propia decisión de la persona sujeta a investigación.
La obligación de obtener un consentimiento informado donde el sujeto sometido a investigación biomédica acepta libremente participar tras una amplia explicación de riesgos y beneficios de la investigación.
El investigador principal tiene la potestad de dirigir y asumir riesgos en investigación biomé- dica si ésta presenta la suficiente importancia y trascendencia para el avance en el campo sanitario basada en la premisa de la ley de investigación biomédica que garantiza la libertad de investigación y de producción científica.
Si la investigación biomédica tiene la necesaria trascendencia e importancia clínica se procederá a retrasar o privar a los participantes de los procedimientos médicos, diagnósticos o terapéuticos que sean necesarios para su estado de salud previo consentimiento del sujeto sometido a investigación.
La información proporcionada a los sujetos en investigación debe ser proporcionada por escrito y comprenderá la naturaleza, importancia, implicaciones y riesgos de la investigación no pudiéndose otorgar el consentimiento por representación cuando la persona esté incapacitada legalmente o sea menor de edad.
La persona sujeta a investigación tiene derecho a ser informada de sus datos genéticos y cualquier otro de carácter personal que se obtengan en la investigación según los términos en que manifestó su voluntad, pudiéndose ceder dichos datos a terceros ajenos a la actuación médicoasistencial o a la investigación biomédica previo consentimiento expreso y por escrito del sujeto participante en la investigación.
Desde el punto de vista ético la investigación biomédica garantiza que el interés y el bienestar de la sociedad o de la ciencia prevalecerá sobre el interés y el bienestar de la persona que participe en una investigación de éste tipo.
Éticamente la investigación biomédica debe asegurar que la persona sujeta a investigación no sufre riesgos o molestias desproporcionadas a los beneficios potenciales que se puedan obtener de la misma.
Desde el punto de vista ético y legal no se puede iniciar una investigación biomédica en los casos en que la persona por su situación clínica de emergencia no pueda otorgar su consentimiento.
Si la investigación biomédica tiene la necesaria trascendencia e importancia clínica se procederá a retrasar o privar a los participantes de los procedimientos médicos, diagnósticos o terapéuticos que sean necesarios para su estado de salud.
Recibir, por parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que resida, la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud que pudiera requerir, en las mismas condiciones e idénticas garantías que los ciudadanos residentes en otra comunidad autónoma.
Recibir, por parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentre desplazado, la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud que pudiera requerir, en las mismas condiciones e idénticas garantías que los ciudadanos residentes en esa comunidad autónoma.
Recibir, por parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que resida, la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud que pudiera requerir, en las mismas condiciones e idénticas garantías que los ciudadanos residentes en el conjunto de la Unión Europea.
Recibir, por parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentre desplazado, la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud que pudiera requerir, en las mismas condiciones e idénticas garantías de la comunidad autónoma en la que resida.
Deberán realizarse por escrito o por otro medio que permita dejar constancia, y de manera motivada por el médico responsable, en el plazo máximo de diez días naturales desde la primera solicitud.
Deberán realizarse por escrito o por otro medio que permita dejar constancia y de manera motivada por el médico responsable, en el plazo máximo de veinte días naturales desde la primera solicitud.
Deberán realizarse por escrito y de manera motivada por el médico responsable, en el plazo máximo de diez días naturales desde la primera solicitud.
Deberán realizarse por escrito y de manera motivada por el médico responsable, en el plazo máximo de veinte días naturales desde la primera solicitud.
Se garantizará a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan.
Se garantizará a todas las mujeres la libre elección de centro sanitario público, para el acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan.
Se garantizará que en todo caso los profesionales sanitarios dispensarán tratamiento y atención médica adecuados a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una intervención de interrupción del embarazo.
Se garantizará que el acceso y la calidad asistencial de la prestación no resultarán menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia de profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo.